Criticaron la posición de la UIA al canon que deberán pagar por uso de agua potable
El Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, ante las declaraciones de una cámara empresaria de nivel nacional referidas a la vigencia, aplicación y objetivos del canon del agua bonaerense, se ve en la obligación de fijar posición respecto a la norma que fuera consensuada con diversas organizaciones fabriles y de servicios a nivel provincial.
Comunicado:
Este canon fue establecido por el Código de Aguas sancionado en 1999 como herramienta para regular los recursos hídricos provinciales, revertir el alto grado de deterioro de los mismos y establecer mecanismos técnicos para estudiar las problemáticas hídricas, auxiliar a las pequeñas y medianas industrias, promover el buen uso del agua, consolidar un compromiso entre los usuarios productores de bienes y servicios para evitar la continuidad de los vuelcos en crudo y otras metas postergadas por más de una década como consecuencias de las presiones llevadas a cabo por los grandes grupos económicos que lucran con el agua y se apoderan del recurso pretendiendo impunidad mediante el descontrol.
Solamente la visión de los cursos de agua altamente contaminados, que reciben vuelcos de ciertas industrias de gran poderío económico, sumados al empleo de cantidades extraordinarias de agua para elaborar productos que luego llevan precios exorbitantes debido a la gratuidad de la principal materia prima, justifican la aplicación de una tasa mínima que no redunda en el precio final ni modifica la ecuación financiera de ninguna industria.
Solamente como ejemplo para establecer un parámetro de uso del agua referimos que para producir un kilogramo de carne se requieren más 15.000 litros de agua, en tanto que para fabricar un pantalón tipo vaquero se requieren casi 11.000 litros del elemento vital, sin hacer mención a los millones de metros cúbicos diarios que embotellan las empresas productoras de agua envasada, cervezas, gaseosas y otros productos líquidos de consumo masivo para la higiene, salubridad, etc. cuyo valor agregado les permite abundantes ganancias sin costos de materia prima.
En este marco de uso indiscriminado y privilegiado de un recurso que es de todos los ciudadanos de la provincia, donde los sectores productores en general emplean hasta el 91 % del consumo de agua superficial o subterránea, no terminamos de comprender a quienes desde una economía que les posibilitó extraordinarias ganancias en la última década, se quejan de tener que tributar céntimos para establecer políticas y acciones técnicas que permitan garantizar a las generaciones futuras la calidad y continuidad de un recursos elemental para la vida.
Los Trabajadores Sanitarios consideramos que el Estado tiene la obligación de legislar para el debido uso y controlar tanto la extracción y como el vuelco, además de prestar asistencia a las pymes que dan empleo masivo, producen para el consumo o asisten a grandes industrias, prestan servicios de diversa índole y no cuentan con tecnología ni posibilidades técnicas para mejorar su participación en el uso de los recursos hídricos.
En este marco, exhortamos a las autoridades provinciales para que continúen el proceso de aplicación del canon, alienten a los empresarios para que participen del ciclo de uso y preservación de los recursos hídricos con responsabilidad social, establezcan políticas que permitan revertir el grave deterioro producido por la falta de control y de aplicación de tecnología referida a buenas prácticas en la materia, y establezca a través de la formación y la información un nuevo paradigma en la sociedad toda para garantizar el acceso al agua confiable a las generaciones futuras.
