Nuestra organización representa a las y los trabajadores de la educación privada, aproximadamente el 35 % del sistema educativo argentino, expresado en docentes, alumnos e instituciones educativas de todos los niveles de enseñanza.
Esta representación nos compromete a la defensa de los derechos laborales y personales no solo del sector de gestión privada sino de toda la docencia argentina y en particular de las mujeres docentes que representan casi el 80% del personal activo.
Ambos instrumentos son inconstitucionales y detractores del proyecto político-educativo que deseamos continúe vigente en tanto se extralimitan en sus atribuciones con prepotencia y esconden detrás de una supuesta emergencia nacional, un salvaje
recorte de derechos, sin precedentes en nuestro país.
Ante este escenario amenazante expresarnos nuestro desacuerdo con las reformas que se promueven para el sector educativo y manifestamos que:
-Las propuestas de sustitución e incorporación de artículos de la
LEN, LFE, LES y LCE se enmarcan en un MODELO DE PAÍS que está en
las antípodas de nuestros principios y valores como movimiento de
las y los trabajadores, razón por la cual la crítica es general a la
idea y al proyecto de ley por su naturaleza liberal individualista que
ataca en forma directa la producción y el trabajo. Es imposible
pensar la educación sin pensar el proyecto de país que lo sustenta.
-Las reformas no contemplan el necesario y urgente aumento del
financiamiento educativo, sino que por el contrario se lo congela en
los montos actuales en tanto no se ha presentado un nuevo
presupuesto nacional, lo que implica la desfinanciación del sistema
educativo.
-La propuesta de modificación del art.10 de la LFE que establecía el
ACUERDO MARCO resulta confusa y se superpone con una
propuesta de acuerdos provinciales y este no es un tema menor,
dado que estamos hablando del Convenio Colectivo.
-La habilitación de estudios a distancia desde el segundo ciclo de
la educación primaria, tal como está planteado bajo el paraguas
de educación “híbrida”, transparenta una mirada mercantilista de
la educación, habilitando el ingreso de corporaciones y
plataformas educativas privadas pero por sobre todo desconoce la
trascendencia de la presencialidad en los procesos de enseñanza
aprendizaje. En la escuela se construye el nosotros, la trama
vincular que da sustento a nuestro desarrollo integral durante toda
nuestra vida.
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-El examen obligatorio que impulsan para finalizar los estudios
secundarios establece una medición de aprendizajes,
vulnerando el proceso por el cual se valoran los aprendizajes a
lo largo de toda la trayectoria educativa de cada estudiante e
imponiendo criterios meritocráticos y selectivos para el ingreso
a los estudios universitarios. El modelo chileno y la educación
voucher impregnan toda esta propuesta.
-La educación técnica, la ciencia y la tecnología son claves del
desarrollo nacional con inclusión social y no son consideradas
en estos proyectos.
- Las condiciones y medio ambiente de trabajo y la salud de las
y los docentes, están totalmente ausentes en los textos
propuestos.
-El examen de ingreso a la docencia es inadmisible para nosotr@s dado que las y los docentes han sido titulados por una universidad o por una institución de educación superior no universitaria y no hay ninguna otra profesión a la que se impongan exigencias de esta naturaleza. A esto se suma la exigencia de evaluación continúa como condición de
permanencia en el sistema. Todo esto tiende a vulnerar las condiciones de trabajo y de salud de las y los docentes con una sobrecarga laboral que se expresa en una inestabilidad
laboral permanente.
Asimismo, rechazamos la intención de declarar a la educación como “servicio esencial” y sus consecuencias en el ejercicio de los derechos adquiridos como así también la ruptura de la estructura solidaria del sistema de salud, donde más de 14 millones de trabajadoras y trabajadores cuidan su salud en las obras sociales sindicales.
Siendo la educación un derecho humano personal y social, teniendo la escuela una función social y considerando al estado como garante de la educación pública, de gestión
estatal y de gestión privada, consideramos que, desde las perspectivas filosóficas, pedagógicas y culturales, estas propuestas caminan en sentido contrario del bagaje
construido en la práctica docente e institucional de la nación.
Nuestro rechazo es integral, como trabajadoras y trabajadores no podemos admitir estos instrumentos dada la claridad con que se manifiesta en ellos el rompimiento total de los principios del derecho del trabajo y el retroceso en las políticas educativas, conquistas irrenunciables para nuestra organización.
