Duro documento ante los ataques a efectivos policiales que buscan la Sindicalización

Desde el Sindicato Policial Buenos Aires repudiamos enérgicamente la criminalización de todo tipo de protesta por parte de los Gobiernos Provinciales y Nacional.

En particular, nuestro repudio se debe a las detenciones iniciadas el día 10 de Diciembre de 2013 del compañero Nelson Villagrán en Santiago del Estero, la cual fue ilegal y solo comparable con las que sucedían durante los años oscuros de la patria, pero que se agudizaron en la Provincia de Tucumán con veinte detenciones, de las cuales 8 siguen vigentes a la fecha y que sólo demuestran cual es la metodología adoptada por aquellos Gobiernos que no aceptan las disidencias y castiga con la privación de la Libertad a quienes solo claman por sus derechos.

Con las recientes 16 detenciones de la Provincia de Córdoba, entre las cuales se encuentra la

reconocida líder sindical penitenciaria Adriana Rearte, los Gobiernos han terminado de demostrar que la privación de la libertad será SU MÉTODO de acallar los reclamos, en una acción claramente

ANTIDEMOCRÁTICA y DESPÓTICA.

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su tercer párrafo deja en claro las razones por las que deben ser protegidos todos los derechos de los seres humanos, cuando reza: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”

Esta Declaración, en su artículo 19 dice “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, por lo que quedan sin razones las acusaciones tendenciosas que se lleva adelante contra nuestros colegas, quienes solo intentaron generar, desde la impotencia e indefensión de sus derechos, las herramientas de protesta que cambien su injusta situación salarial y laboral.

Los Trabajadores Policiales hemos sido el último eslabón de discusión salarial y laboral de las últimas décadas, porque a su vez, nunca nos han tenido en cuenta para analizar nuestras reales condiciones de trabajo, las que son intolerables e inhumanas en la mayoría de los casos.

Reafirmamos lo resuelto por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en su Dictamen 40/08, donde dictamina que los trabajadores policiales somos discriminados en el ejercicio del derecho sindical, por parte del Gobierno Nacional, como así también lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2009 en su Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, donde se establece que los Policías deben tener garantizado el pleno ejercicio de la libertad sindical. Los gobiernos intentan tildar a los que reclamaban justas mejoras laborales, de sediciosos o

extorsionadores, pero los reclamos de los trabajadores policiales no han sido diferentes a los que llevan a cabo los demás trabajadores y organizaciones sociales, métodos de reclamo que han copiado los colegas, dado que no se nos quiere permitir organizarnos sindical y legalmente, o sea, que el capricho del Gobierno Nacional de negarle los derechos civiles, sociales y políticos a los Trabajadores Policiales ha sido el principal factor de caos y descontrol en las protestas de Diciembre pasado.

Las protestas de los trabajadores policiales tal como se sucedieron en la mayoría de las Provincias de nuestro País son ni más ni menos, que la responsabilidad del Estado de negarnos a los Trabajadores Policiales y Penitenciarios un justo e innegable derecho reclamado por más de 25 años. Tal vez si el Estado nos hubiese permitido ejercitar nuestro legítimo derecho y se hubiese

privilegiado el dialogo que la democracia exige, no solo los sucesos que conllevaron dolorosa pérdida de vidas humanas podrían haberse evitado, sino que nuestra Nación, sin lugar a dudas, se hubiese enaltecido madurando y crecido en el ejercicio en materia de derechos humanos, Seguridad social y pública.

Llamamos a los Gobiernos Nacional y Provinciales, como a toda la sociedad a través de sus diferentes organizaciones (partidarias, ONG, sindicales, etc.), a dar los debates necesarios, de la mano de los trabajadores policiales y así dar legal ejercicio a los derechos de estos últimos con las limitaciones a las medidas de protesta, para que también velen por los derechos a la seguridad pública de toda la sociedad.

También vemos con gran preocupación la ausencia de acciones concretas y consecuentes por la privación de la libertad de los Trabajadores Policiales y Penitenciarios, el reclamos legal de su justa libertad inmediata, por parte de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y

Penitenciarios (FASIPP) y las Centrales obreras argentinas, y creemos que seguir impávidos y pendientes sólo nos condena anticipadamente a perder todos aquellos derechos que hemos conquistado con luchas cruentas y no menores durante las últimas décadas.