Marino Calcopietro responde a las acusaciones de una nota perodística

"A raíz de la nota publicada por el periodista Ignacio Ortelli el pasado domingo 4 de diciembre, me siento con la obligación moral de exigir mi derecho a réplica y responder a las falsas acusaciones de las que fui víctima"

En primer lugar, no existe ningún delito ni connivencia alguna con las empresas de transporte que menciona el artículo, incluso, nunca durante mi gestión he tenido contacto con esos estos trámites.

Todas las imputaciones están totalmente fuera de contexto en virtud de las reales circunstancias del transporte público en el país. Para entender esta situación se deben tomar como parámetro los certificados de ley 10490, que se emiten semestralmente para que las empresas puedan funcionar, teniendo en cuenta las obligaciones previsionales, laborales y de la seguridad social.

De esta manera, siempre se emitieron cumplimentando los requisitos previamente o en forma posterior, teniendo en cuenta la realidad de la situación que amerita que las empresas de transporte deban funcionar por ser un servicio esencial que se le brinda a la población. De otra manera, por un trámite burocrático, se paralizaría todo el transporte público en la provincia de Buenos Aires.

Este procedimiento, continúa con la intimación a regularizar la situación por parte de las empresas, cosa que se ha hecho en tiempo y forma en todas las oportunidades, con los correspondientes pagos voluntarios por infracciones laborales; lo que me exime de cualquier responsabilidad en torno a no haber cumplido mis funciones en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Tanto mi función en la anterior gestión provincial como en la actual en el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, fue y es conciliar los distintos intereses de las partes, evitando conflictos privados y públicos que puedan perjudicar a la población y a los trabajadores. El ejercicio de mi función siempre fue direccionado tanto con el subsecretario de Trabajo como con el ministro de Trabajo provinciales, con quienes coincidíamos en la preservación del bien común y el transporte como servicio esencial para los ciudadanos. Y hacia allí apuntaban todas las políticas en este tema.

En otro orden, de acuerdo a lo que dice el artículo (ya que aún no me han notificado de ninguna denuncia), se me acusa de “abuso de autoridad”, cosa que desestimo rotundamente y lo ratifico con la experiencia de 10 años en la función pública, sin haber recibido nunca ninguna acusación de ese tipo.