"Los problemas que aquejan a los más humildes están signados por el desorden de una ficción económica supuestamente exitosa, aunque su manejo fue digitado de forma deliberada a favor de los poderosos, lo que acarrea los males sociales de la inequidad, la injusticia y la ausencia de futuro", puntualizó el sindicalista.
Moyano agregó que quienes menos tienen procuran en las organizaciones gremiales la fuerza de la solidaridad que les otorgue voz, ya que durante mucho tiempo "se pretendió mantener en un estado de 'limbo' los problemas que estaban a la vista y que de forma negligente se negaban para no encarar sus soluciones".
El jefe de la central obrera también expresó que, "como en otros ciclos históricos, quienes gobernaron tejieron un sueño de perpetuidad a expensas de los más humildes, que solo reciben promesas y migajas de una riqueza que ayudaron a cimentar".
"La inflación de los últimos años creció más del 90 por ciento (27 en 2013; 35 en 2014 y 29 en 2015). La parte más importante de ese porcentual fue por el aumento de alimentos y gastos de vivienda, seguido por el transporte. Esos elementos son de consumo primario familiar. Aunque se intentaron medidas como el 'Programa Precios Cuidados' -como efecto mediático-, solo se mantuvo para cierto sector de alimentos y concentrado en grandes urbes", añadió.
Para la CGT Azopardo, "la mayor parte del país quedó exceptuada de ese régimen de control de precios; la clase política es responsable de la mala implementación y, la empresarial, culpable por su afán de lucro a expensas de quienes menos poseen".
Moyano subrayó que esos empresarios reclaman reglas de juego claras, pero "saquean" de los beneficios del trabajo digno al 38 por ciento de los empleados irregulares y, aunque es el Estado y su poder de policía el que debe garantizar la regularización y la sanción, en el momento de emplear a un obrero esos patrones evaden obligaciones y lo condenan a la exclusión de la atención de una obra social y al aporte al sistema de seguridad social, así como a la cobertura en caso de enfermedades y accidentes laborales.
"El afán de lucro puede más que la sensatez. Cuatro de cada diez argentinos que logran un empleo quedan fuera de la ley; no por propia decisión sino por sus urgencias", puntualizó Moyano.
El dirigente gremial añadió en un extenso documento que del total de la Población Económicamente Activa (PEA) poco más del 8 por ciento está desempleada y, otro tanto, tiene un trabajo precario o cumple tareas menos horas de la que dispone para hacerlo.
Ese 16 por ciento debe sumarse al trabajo en negro, para concluir que el 50 por ciento de los trabajadores está en esa situación, que es preciso resolver: o es desempleado; posee un trabajo precario; trabaja menos de lo que está dispuesto a hacerlo o es un trabajador irregular, en tanto la mitad exacta de la PEA, que produce el Producto Bruto Interno (PBI) con el que el país debiera crecer, "va a parar a los bolsillos de la clase más rica".
"Esos datos se reflejan en el total de la población argentina con un índice de pobreza cercano al 28 por ciento. Más de 12 millones de personas no logran ingresos mensuales indispensables para tener una canasta básica de alimentos y servicios que le permita emerger de esa situación. Un 5 por ciento está en una situación peor. Es indigente -más de 2 millones- que no logran los alimentos para cubrir los nutrientes necesarios para vivir y crecer", puntualizó.
También Moyano indicó que "la mitad de ambos porcentajes son niños y adolescentes, lo que tiene consecuencias inmediatas en quienes los padecen y constituye una trágica hipoteca para el futuro, ya que la pobreza se asocia a inconvenientes para la salud, la educación, la vivienda y la socialización", aseguró.
Moyano enfatizó la necesidad de rediscutir la distribución de la riqueza; indicó que el Observatorio Social de la CGT demostró cómo el 70 por ciento del PBI se transfiere a las clases propietarias de la tierra, la renta y el capital y, los dueños de la fuerza laboral, los trabajadores, solo participan en un 30 por ciento.
"Se mantuvo el modelo de concentración de riqueza y se profundizó de modo inequitativo, quedando en manos de los inversores, a expensas de quienes la producen con la fuerza de su trabajo. Se requiere su corrección para lograr un modelo de Nación en el que la justicia social se haga 'realidad efectiva'", concluyó.
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